Santo Domingo, Rep.Dom.- En el informe de la comisión que investigó las denuncias de “negociaciones de expedientes” de fiscales, la Procuraduría General reveló que de 2008 a la fecha siete han sido botados y 48 sometidos a juicio disciplinario.
Once de esos casos están en proceso de investigación, por su vinculación en acciones reñidas con las funciones que les han sido conferidas.
No obstante, ayer la Procuraduría informó que la comisión que investigó las denuncias de que fiscales que supuestamente negocian el archivo o ablandamiento de expedientes acusatorios concluyó las pesquisas diciendo que los casos aludidos por distintos sectores parten de una “premisa de percepciones generales”.
Entre las faltas que cometieron esos magistrados de diferentes jurisdicciones del país figuran, arrestos sin orden de un juez, negligencia y torpeza en el ejercicio de sus funciones, aceptar prebendas, abuso de poder, dejar de cumplir con su deber y por negarse a presentar acusación”, sostiene la Procuraduría.
De los 48 fiscales investigados, siete de ellos recibieron como sanción la destitución y separación definitiva, seis fueron suspendidos por un mes sin disfrute de sueldo y nueve fueron archivados por improcedentes. Otras de las sanciones han sido deducción de cinco días de salario, amonestaciones escritas y verbales.
El procurador general, Radhamés Jiménez, sostuvo que nunca toleraría acciones indebidas sin las correspondientes sanciones, y que la “gran mayoría de la matrícula del Ministerio Público es honesta, capaz y comprometida con las mejores causas de la sociedad”.
La comisión investigadora estuvo integrada por el procurador adjunto Bolívar Sánchez, titular del Departamento de Asuntos Internos de la Procuraduría General de la República; Alejandro Moscoso Segarra, procurador fiscal del Distrito Nacional; y Perfecto Acosta, procurador fiscal de la provincia Santo Domingo.
Del expediente de Castillo pantaleón
Sostiene el informe que el único caso denunciado que se refiere a dos magistradas del Ministerio Público del Distrito Nacional, se trata de un expediente sobre el cual el denunciante, el jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón, “tiene un interés particular (al representar a una de las partes), además de que no fueron aportados por parte de éste ningún elemento de prueba que nos permitiera abrir una investigación con fines disciplinarios en contra de las citadas magistradas apoderadas del caso señalado”, según acota el informe.
CONCLUSIONES
“Luego de concluidas las entrevistas y de analizados los documentos pertinentes, hemos llegado a la conclusión de que las denuncias realizadas parten de una premisa de percepciones generales de algunos de los denunciantes, que no están dirigidas a ningún fiscal adjunto en particular”, expuso en su informe la comitiva designada por la Procuraduría General de la República.
Fuente El Caribe www.realidadesdepedernales.com
0 comentarios:
Publicar un comentario