SANTO DOMINGO.-Varias organizaciones de la Coalición por una Justicia Transparente e Independiente respaldaron al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) en su denuncia sobre la amenaza al orden constitucional y la institucionalidad del país por la forma en que el Presidente de la República y algunos legisladores oficialistas pretenden hacer valer las observaciones presidenciales a las leyes orgánicas del Consejo Nacional de la Magistratura y del Tribunal Constitucional.
Entre las organizaciones que manifestaron su apoyo a los empresarios, figuran la Asociación Nacional del Jóvenes Empresarios (Anje), Participación Ciudadana, Centro de Gobernabilidad y Gerencia Política, Fundación y la Fundación Democracia y Libre Empresa.
De igual modo, censuraron lo que, dicen, es "la forma absolutamente incorrecta utilizada por representantes del gobierno que pretenden acallar desde una función oficial el derecho fundamental a la libre expresión ejercido por el CONEP".
A través de una comunicación enviada a Diariolibre.com, la Coalición por una Justicia Transparente e independiente, afirman que desde el gobierno se ha pretendido distorsionar la preocupación expresada por el CONEP, que, aseguran, en ningún momento cuestiona la existencia de la facultad que posee el Presidente de la República a observar las leyes.
Explican que los empresarios sí critican, "con absoluta razón, que esta facultad se ejerza irrespetando de manera clara las disposiciones constitucionales, interpretando según su conveniencia las condiciones para ser juez del Tribunal Constitucional que figura en la Constitución, y propugnando la aprobación de leyes orgánicas por mayoría de la mitad más uno de los presentes en cada cámara, cuando la Constitución dispone que este tipo de leyes deben ser "aprobadas o modificadas" por las dos terceras partes de los presentes en cada cámara".
Las diferentes organizaciones advierten que, de consolidarse lo que consideran "inconstitucional precedente" las mayorías calificadas que requiere la Constitución para la aprobación por parte del Congreso de las leyes de protección de las áreas protegidas, para el régimen de la moneda y de la banca y para las leyes orgánicas, serían inútiles ya que podrían ser eliminadas por la simple voluntad presidencial, violentando la finalidad por las cuales fueron establecidas, reduciendo a la nada el Estado de Derecho y la seguridad jurídica que debe existir en el país.
El gobierno rechazó las consideraciones del presidente del Conep, Manuel Diez, que calificó como un peligro al orden constitucional las observaciones del Poder Ejecutivo a la ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los aprestos de aprobar con una mayoría simple las observaciones a la Ley orgánica del Tribunal Constitucional.
El ministro de la Presidencia, César Pina Toribio, respondió que lo que sí es una amenaza es negar el derecho que le concede la Carta Magna al Presidente de la República de observar las leyes aprobadas por el Congreso.
www.realidadesdepedernales.con Fuente; Diario Libre
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