El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito
El ex banquero Pedro Castillo, condenado por desfalco al Banco del Progreso
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SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República Dominicana, Francisco Domínguez Brito, pidió al Procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal que evite la impunidad en el caso de Pedro Castillo, quien guarda prisión por un desfalco millonario al Banco Dominicano del Progreso.
El funcionario hizo el pedido debido a que éste miércoles será conocida en dicha corte una solicitud de que se cambie la modalidad de la pena que ha sido impuesta a Castillo, quien fue condenado el 6 de marzo del 2009 a diez años de cárcel y al pago de 12 mil millones de pesos. El banquero fue procesado por iniciativa de los accionistas de la institución financiera.
En una comunicación al magistrado Jesús Fernández Vélez, el Procurador General de la República, expresa que "deben tomarse cuantas decisiones sean de lugar y evitar impunidad en el proceso".
“Hemos visto con preocupación las decisiones del Juez de Ejecución de la Pena de la provincia de San Cristóbal respecto a algunos casos que requieren del Estado una política firme y Coherente”, manifiesta.
Califica de inadmisible y contradictorio a la política criminal del Estado el pedimento de que le sea cambiada la condena al ex banquero.
“En tal sentido, les instruimos tomar las medidas correspondientes a los fines de evitar la impunidad en el presente caso”, enfatizó.
Recientemente, el procurador Domínguez Brito adoptó igual actitud con relación al caso de Luis Alvarez Renta, quien cumple condena por la quiebra del Banco Intercontinental (BANINTER) y un juez de San Cristóbal disuso una prisión domiciliaria a su favor.
Castillo pide Procurador se inhiba
Por su parte, el ex banquero Castillo pidió al Procurador no “ensuciar” la reputada imagen del Juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, en la decisión en torno a su caso.
En una declaración escrita remitida a medios de comunicación, dice que Domínguez Brito debe saber que “las decisiones son tomadas en el principio de una democracia, en el marco de una Constitución, sobre las leyes del derecho que protegen a los ciudadanos y que éstos son libres e independientes de cualquier fáctico que ejerza sobre ella, léase Ministerio Público”.
Agrega que no se puede influir en un proceso judicial penal de ninguna índole, porque ello atentaría contra la imparcialidad de un poder.
www.realidadesdepedernales.com
El funcionario hizo el pedido debido a que éste miércoles será conocida en dicha corte una solicitud de que se cambie la modalidad de la pena que ha sido impuesta a Castillo, quien fue condenado el 6 de marzo del 2009 a diez años de cárcel y al pago de 12 mil millones de pesos. El banquero fue procesado por iniciativa de los accionistas de la institución financiera.
En una comunicación al magistrado Jesús Fernández Vélez, el Procurador General de la República, expresa que "deben tomarse cuantas decisiones sean de lugar y evitar impunidad en el proceso".
“Hemos visto con preocupación las decisiones del Juez de Ejecución de la Pena de la provincia de San Cristóbal respecto a algunos casos que requieren del Estado una política firme y Coherente”, manifiesta.
Califica de inadmisible y contradictorio a la política criminal del Estado el pedimento de que le sea cambiada la condena al ex banquero.
“En tal sentido, les instruimos tomar las medidas correspondientes a los fines de evitar la impunidad en el presente caso”, enfatizó.
Recientemente, el procurador Domínguez Brito adoptó igual actitud con relación al caso de Luis Alvarez Renta, quien cumple condena por la quiebra del Banco Intercontinental (BANINTER) y un juez de San Cristóbal disuso una prisión domiciliaria a su favor.
Castillo pide Procurador se inhiba
Por su parte, el ex banquero Castillo pidió al Procurador no “ensuciar” la reputada imagen del Juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, en la decisión en torno a su caso.
En una declaración escrita remitida a medios de comunicación, dice que Domínguez Brito debe saber que “las decisiones son tomadas en el principio de una democracia, en el marco de una Constitución, sobre las leyes del derecho que protegen a los ciudadanos y que éstos son libres e independientes de cualquier fáctico que ejerza sobre ella, léase Ministerio Público”.
Agrega que no se puede influir en un proceso judicial penal de ninguna índole, porque ello atentaría contra la imparcialidad de un poder.
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