La desigualdad no tiene espacio en una sociedad
democrática, dice el funcionario
POR BERKIS FÉLIZ.-
Santo
Domingo.- El director
ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA), doctor
Víctor Terrero, propuso una Ley General Antidiscriminatoria para resguardar los
derechos humanos de los grupos vulnerables, entre estos las personas que viven
con el VIH.
El
funcionario también urgió a los legisladores a modificar la ley 135-11 sobre
VIH y Sida para dejar sin efecto los artículos 78 y 79, que penalizan con
cárcel la transmisión del virus en algunos casos.
Terrero
intervino en el seminario parlamentario “Protegiendo los derechos humanos,
combatiendo la discriminación y abordando el VIH / Sida en personas con
diversas orientaciones sexuales e identidades de género”, realizado por la
Cámara de Diputados y el grupo Acción Mundial de Parlamentarios.
“En la
República Dominicana estamos librando una ardua lucha por detener y prevenir el
estigma y la discriminación en perjuicio de las personas con VIH y de los
grupos vulnerables, pero necesitamos fortalecer el marco legal”, puntualizó.
Terrero
denunció la persistencia del estigma y la discriminación en diferentes ámbitos
de la sociedad, entre ellos la salud, la educación y el laboral, y dijo que esa
práctica afecta la dignidad de las personas.
“Según
estudios recientes, en la República Dominicana el 17.2% de las personas con VIH
y Sida perdió su empleo, un 20% se vio forzada a cambiar su residencia debido a
su condición, a un 8.4% se le negaron servicios de
salud y
un 25% ha reportado violaciones a sus derechos humanos”, sostuvo Terrero.
El
funcionario aseguró que esa realidad discriminatoria hace imposible el disfrute
de sus derechos y oportunidades para un amplio conjunto de personas y grupos en
la sociedad dominicana, con el agravante de que una sociedad que excluye y
discrimina no tiene una aceptable calidad democrática.
“La
epidemia del VIH impacta a aquellas poblaciones más vulnerables y en las que
más se desconocen sus derechos humanos”, afirmó.
El
director del CONAVIHSIDA favoreció el acceso a los servicios de salud sin
limitaciones a los grupos vulnerables, especialmente los gays, lesbianas,
travestis y transexuales.
“Muchas
veces –adujo- el personal de salud no sabe tratar a personas cuya sexualidad no
se inscribe en las relaciones heterosexuales, y en el caso de las personas
trans, la discriminación implica que se niegue su identidad de género, la que
eligieron, atentando contra su acceso al sistema de salud”.
Terrero
citó entre los retos pendientes para hacer más efectivos los programas de
salud, detener la homofobia y transfobia.
Terrero
apuntó que la discriminación aleja a las personas del sistema de salud. “La
prevención, atención y apoyo en VIH y Sida sólo pueden encararse eficazmente si
se reconoce la dignidad y la diversidad de todas las personas”.
“Los
Estados han excluido a las poblaciones en el diseño, ejecución y evaluación de
sus políticas, programas y prácticas de salud, lo que ha hecho más complejo los
escenarios de prevención y atención”.
Recordó
que el ordenamiento jurídico nacional consigna y reconoce la dignidad humana y
el derecho a la igualdad en los artículos 38 y 39 de la Carta Sustantiva, en la
Ley 135-11 sobre VIH y Sida.
¨Existe
una relación directa entre la protección de la salud y la protección de los
derechos humanos o, inversamente, entre los peores índices de salud y violación
de derechos humanos¨, indicó.
Terrero
fundamentó su propuesta de modificación de la nueva Ley 135-11 en que esos
artículos son violatorios de los derechos de las personas con VIH y Sida.
El
artículo 78 de esa pieza obliga a las personas con VIH a comunicar su condición
de salud a las personas con las que vaya a sostener relaciones sexuales, a
riesgo de ser condenadas de 2 a 5 años de prisión, en tanto el artículo 79
establece una pena de 20 años a las personas que transmitan el VIH “de manera
intencional”.
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