PEDERNALES, (Rep.Dominicana) .-Propietarios de parcelas en Bahía de las Águilas defendieron ayer sus derechos de propiedad al sostener que no todo lo que está dentro de esa demarcación es ilegal y fraudulento, en vista de que hay muchos títulos que están avalados por decisiones del Tribunal Superior de Tierras a través de procesos ajustados a las normas legales y a las prácticas comunes.
En un documento público emitido a través un grupo de abogados, llamaron la atención sobre lo que calificaron “como el insensato interés de la Procuraduría General de la República de patrocinar un fusilamiento judicial para abortar una solución jurídica racional a un conflicto inmobiliario”.
En el documento, firmado por los abogados Eric Raful, José Marrero, Frank Reinaldo Fermín, Anny Morúm, Víctor Aquino, Olmedo Alonso, Rafael Herasme y Ricardo Ayanes, se critica que la Procuraduría abortara el acuerdo que el Estado hizo con los propietarios. Precisaron dichos abogados que con la negativa a un acuerdo por parte de la Procuraduría, se le niega al Estado la posibilidad de beneficiarse del 55 por ciento de las parcelas depuradas y legalizadas por el sistema judicial dominicano, tal como se establecía en el acuerdo anunciado a principio de este año por el Presidente Danilo Medina.
“En un proceso en el que participan como demandadas más de 600 personas, es innegable que se requiere para su conocimiento en el marco del buen derecho, de una depuración procesal extensa, exhaustiva, rigurosa y compleja, que de ajustarse a las leyes y jurisprudencia de la materia, necesariamente debería culminar con la validación de los títulos de propiedad legitimados por decisiones del Tribunal Superior de Tierras mediante un proceso diáfano y hasta ahora jurídicamente incontestable”, dijeron.
Precisaron los abogados en el documento, que es un insulto a la majestad de la justicia y al propio Poder Judicial, declarar sin pruebas que los derechos de propiedad cuyos registros fueron ordenados por un tribunal competente, son fraudulentos.
En el documento, firmado por los abogados Eric Raful, José Marrero, Frank Reinaldo Fermín, Anny Morúm, Víctor Aquino, Olmedo Alonso, Rafael Herasme y Ricardo Ayanes, se critica que la Procuraduría abortara el acuerdo que el Estado hizo con los propietarios. Precisaron dichos abogados que con la negativa a un acuerdo por parte de la Procuraduría, se le niega al Estado la posibilidad de beneficiarse del 55 por ciento de las parcelas depuradas y legalizadas por el sistema judicial dominicano, tal como se establecía en el acuerdo anunciado a principio de este año por el Presidente Danilo Medina.
“En un proceso en el que participan como demandadas más de 600 personas, es innegable que se requiere para su conocimiento en el marco del buen derecho, de una depuración procesal extensa, exhaustiva, rigurosa y compleja, que de ajustarse a las leyes y jurisprudencia de la materia, necesariamente debería culminar con la validación de los títulos de propiedad legitimados por decisiones del Tribunal Superior de Tierras mediante un proceso diáfano y hasta ahora jurídicamente incontestable”, dijeron.
Precisaron los abogados en el documento, que es un insulto a la majestad de la justicia y al propio Poder Judicial, declarar sin pruebas que los derechos de propiedad cuyos registros fueron ordenados por un tribunal competente, son fraudulentos.
Sostienen que también es un insulto para toda la sociedad pretender negar que las propiedades legitimadas por el Tribunal Superior de Tierras forman parte del cuarto Polo Turístico creado por la Ley 266-04.
www.realidadesdepedernales.com Fuente Ecos del Sur
0 comentarios:
Publicar un comentario