Santo Domingo – El presidente de la Junta Central Electoral advirtió a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que tiene que demostrar que sus decisiones se apegan a los principios para los cuales fueron creados y que no obedecen a otros intereses.
El doctor Roberto Rosario Márquez dijo que causa indignación y vergüenza la última audiencia llevada a cabo por ese organismo en México donde se presentó como víctima a un sujeto que ha violado descaradamente las leyes dominicanas.
Agregó que ese fue un episodio que agrede la soberanía nacional, cando se escoge a una persona que suplanta documentos oficiales y miente para llevar a un juicio a la República Dominicana.
El presidente del Tribunal de Comicios dice que se resiste a creer que con semejante caso la CIDH se atreva a condenar al Estado Dominicano.
Sugirió a los integrantes de dicha corte que se detengan a repasar que dicen las constituciones de los países donde ellos nacieron respeto al tema de la nacionalidad.
“Yo entiendo que si en ese caso la Corte falla en contra de la República Dominicana responde a otros intereses y no a los principios que le dieron origen y para lo cual fue creada”, reiteró Rosario Márquez.
El presidente de la JCE dijo no saber de dónde salen tantos recursos para impulsar estos juicios contra el país, ya que según informes unas 50 personas acompañaron al sujeto que alteró documentos oficiales para reclamar la nacionalidad dominicana.
Insistió en que el registro Civil fue asaltado antes del 2007 por bandas que se dedicaban a suplantar y alterar documentos de identidad.
Explicó que en la institución que dirige hay varios casos como el de quien dice llamarse William Medina Ferreras, que alegan tener la nacionalidad dominicana con documentos adulterados.
En tal sentido precisó que luego que la Junta le ha demostrado su nacionalidad haitiana, algunas de esas personas le han enviado acto de alguacil donde desisten de sus reclamos.
Dice propuesta FINJUS rebasa el marco jurídico
El presidente de la Junta Central Electoral denunció que hay personas e instituciones que están planteando soluciones que se salen del marco jurídico para regularizar la situación de haitianos indocumentados.
El doctor Roberto Rosario Márquez dijo que en tal sentido se enmarca la propuesta de amnistía plateada por el director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaño Guzmán.
Agregó que la aprobación de una ley de esa naturaleza violaría la Constitución de la República y la sentencia que acaba de dictar el Tribunal Constitucional.
Advirtió que de aprobarse una legislación que busque una amnistía general para regularizar la situación de haitianos indocumentados correría el riesgo de ser atacada por su inconstitucionalidad.
Roberto Rosario volvió a defender la sentencia 168-2013 dictada recientemente por el Tribunal Constitucional y rechazó que la misma viole el principio de retroactividad de la ley.
Definió la sentencia como la única decisión tomada por el Estado Dominicano para resolver de una vez y por toda la situación de irregularidad en que se encuentran miles de haitianos nacidos en la República Dominicana e hijos de padres ilegales.
Precisó que la mayoría de quienes se oponen a la sentencia quieren que la situación de esas personas se mantenga en el limbo porque a eso le sacan beneficios.
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