19 de Marzo del 2015
El Tribunal Constitucional rechazó las declaraciones del director general de Aduanas, Fernando Fernández, de que no acatará una sentencia de esa instancia que obligue al organismo estatal a cumplir con un contrato para la instalación de equipos de rayos X en los puertos y aeropuertos.
En un documento enviado a los medios de comunicación, el presidente del Tribunal, Milton Ray Guevara, advierte al funcionario que no está por encima de la Constitución de la República.
En una fuerte respuesta a Fernández, los jueces del TC les recuerdan, además, que "El no cumplimiento de las decisiones judiciales atenta contra la seguridad jurídica, el clima de inversión y la credibilidad de las políticas públicas"
Argumentó que la Carta Magna señala que en su artículo 184 establece que "Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.
Fernández ratificó sus declaraciones este jueves durante la programa especial de "El Gobierno de la Mañana" de la Z101 que se realizó desde la sede de la Dirección General de Aduanas, donde se presentó un nuevo laboratorio del organismo para verificación de las mercancías.
"Rechazamos vigorosamente las declaraciones del director de Aduanas por ser violatorias a las disposiciones de la Constitución de la República que en su artículo 184 consagra:“Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado", manifiesta el Tribunal Constitucional en su respuesta a Fernández.
Los jueces del Tribunal insisten en su advertencia al funcionario de que "La Dirección General de Aduanas no está por encima de la Constitución. Es un órgano que con personalidad jurídica, autonomía funcional y otras prerrogativas de entes públicos de su naturaleza está sujeta, incluso, a la vigilancia del Ministerio de Hacienda, que ejerce sobre ella una potestad de tutela, a los fines de verificar que su funcionamiento se ajuste a las disposiciones legales".
Añade que "Las declaraciones de marras constituyen, además, un mecanismo inaceptable de presión a la jurisdicción constitucional que, de constituirse en práctica de los organismos públicos, conspiraría contra el Estado social y democrático de derecho consagrado en la Constitución de 2010. Si en la administración pública se violara la majestad de la Justicia, ¿qué mensaje estaríamos enviado a los simples ciudadanos?", se preguntaron los magistrados.
El director de Aduanas, Fernando Fernández, manifestó a la Z101 que el referido contrato de equipos de rayos X había sido rechazado por cinco anteriores fucionarios que ejercieron el cargo, por lo cual insistió que se rehusará a cumplir una sentencia emanada del Tribunal Constitucional que lo ratifica, aunque su decisión le cueste el cargo.
El Tribunal Constitucional le respondió este jueves que "El desacato o desobediencia de las decisiones de cualquier jurisdicción, particularmente por quienes están llamados a dar el ejemplo en el cumplimiento de la Constitución y la ley, repetiría una dolorosa y execrable práctica del pasado represivo y avasallante, que no olvidamos, de que fueron objeto el poder judicial y el derecho".
Los jueces del TC, al calificar de "desafortunadas" las declaraciones del director de Aduanas, lamentaron que se produzcan cuando en el país se desarrolla el II Encuentro Iberoamericano Justicia Constitucional con Perspectiva de Género “La violencia contra la mujer”, en el que participan magistrados de tribunales constitucionales y cortes supremas de 14 países iberoamericanos.
www.realidadesdepedernales.com Tomado de Z1o1
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