Este proyecto de ley tiene como propósito adoptar el marco legal para viabilizar la evaluación periódica de incentivos fiscales gubernamentales existentes y requerir, como política pública, que toda medida de incentivo fiscal aprobada a partir de que este proyecto sea convertido en Ley, contenga parámetros para la adecuada evaluación del incentivo otorgado, señaló Galán Grullón.
“Por este motivo estamos introduciendo este Proyecto de Ley, a fin de garantizar un fortalecimiento de las políticas públicas en la República Dominicana y la optimización de la administración recursos del Estado, de las finanzas públicas a fin de garantizar un mejor porvenir para los hombres y mujeres de nuestra Patria”, dijo en rueda de prensa en su despacho este miércoles.
Agregó que en “términos generales puede decirse que los incentivos tributarios constituyen instrumentos por medio de los cuales se busca afectar el comportamiento de los actores económicos a un costo fiscal limitado”.
En el Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2015 se estiman unos RD$201,751 millones, un 6.7% del Producto Interno Bruto, a Gasto Tributario, indicó el senador Galán Grullón.
Señaló que “pese a los altos costos que dicho Gasto Tributario representan para el Estado Dominicano, éste último no cuenta con el dispositivo legal que instrumente un mecanismo de evaluación y medición del impacto de dichos incentivos, pues se desconoce los costos y los beneficios que presentan para el Gobierno y Estado Dominicano, y en especial, habría que determinar si los mismos cumplen con los objetivos que le dieron origen. Nosotros creemos que, el Estado Dominicano deben evaluar regular y constantemente los incentivos que otorga para determinar si están funcionando correctamente o no, pues, dichas evaluaciones constituyen piezas fundamentales a la hora de tomar decisiones de política pública”.
El senador de la República por la provincia de San Cristóbal, explicó que de “esta forma se pueden tomar decisiones de política pública en torno a ampliar, continuar, reformar o terminar un programa de incentivo, y evitar pérdidas innecesarias de los escasos recursos del estado o por el contrario potenciar un resultado beneficiador. Esta flexibilidad que establece el proyecto de Ley, es de suma importancia, pues el otorgamiento de incentivos fiscales o cualquier tipo de preferencias contributiva es una decisión de política pública, que requiere el balance entre invertir fondos públicos para propósitos tales como educación, salud, seguridad ciudadana, u otorgar dichos incentivos.”
Reiteró que “este proyecto de ley crea las condiciones para que los hacedores de políticas públicas puedan tomar decisiones informadas de forma tal, que la óptima inversión de los recursos del Estado sea asegurada. De lo contrario, es evidente que un uso desacertado de fondos públicos redunda en la pérdida de oportunidades en otras áreas que se podría invertir.”
Planteó que por “ello este Proyecto de Ley, crea las condiciones para que toda iniciativa legislativa que otorgue beneficios o incentivos económicos, fiscales o tributarios o que implique erogación de fondos públicos, incluya un mecanismo de medición para asegurar que las metas trazadas se cumplan y asegurar que las dependencias del Estado encargadas de la ejecución de dichas iniciativas, puedan tener las herramientas para medir el rendimiento de los fondos públicos invertidos en la actividad incentivada. Además, este Proyecto de Ley ordena la evaluar periódicamente los incentivos y también ordena que dicha esta evaluación forme parte del proceso presupuestario anual que se lleva a cabo con la participación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”.
El también presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto de la Cámara Alta precisó que “solo así podremos garantizar que la estrategia implantada mediante la concesión de incentivos haya cumplido con el objetivo o intención de promover el desarrollo, combatir la pobreza o viabilizar el incremento de determinada actividad en nuestra sociedad.”
Concluyó su planteamiento indicando, “la falta de información no permite a los hacedores de políticas públicas tomar decisiones informadas, en un país donde los recursos que dispone el Estado son limitados”.
www.realidadesdepedernales.com Tomado de:Nuevodiario
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