A PARTIR DE ENERO 2017
El abogado Ángel Lockward estimó que los principales cabildos del país perderán el 30% de sus ingresos, a partir del primero de enero del 2017 cuando entra en vigencia la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0341-1, que declaró contrarios a la Constitución varios artículos de la Ley de Registro Civil que imponían el pago por registro de sentencias civiles.
Lockward sostuvo que los ingresos de las registradurías de hipotecas, oficinas de los cabildos, se nutren de dicha Ley y que en el caso del Distrito Nacional representan cerca de RD$300 millones cada año.
Precisó que las oficinas del país, entre ellas Santiago, Santo Domingo Este, Samaná, Puerto Plata, La Vega, La Romana, Higüey, San Pedro y otros, recibieron este año unos RD$500 millones por este concepto, que los nuevos alcaldes no tendrán. En noviembre del 2014 el TC anuló los artículos 13, 41, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 41 y 42 de la ley 2334 de Registro Civil, del año 1885, pero difirió los efectos de la inconstitucionalidad decretada al primero de enero de 2017.
El TC acogió la acción directa de inconstitucionalidad sometida por Lockward, quien señaló que impugnó esa norma legal, una de las más viejas del país, por violar la tutela judicial efectiva y la razonabilidad garantizadas por los artículos 40.15 y 69 de la Constitución, así como el derecho de defensa de los ciudadanos.
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