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Santo Domingo.- En el
análisis de coyuntura celebrado este sábado en el Centro Bonó, bajo el título “Las
reformas del Sector Salud y de la Seguridad Social”, se abordó la necesidad de
exigir reformas en la ley 87-01 que reconozcan la salud y la seguridad social
como un derecho fundamental y público y no como una oportunidad para hacer
negocios de lucro desmedido por parte de unos pocos.
Según
se afirmó por parte de los ponentes en el acto, “la presencia de fuertes
intereses corporativos de naturaleza privada junto a la debilidad regulatoria
del estado en el mercado de la salud y la ausencia de un movimiento ciudadano
articulado que defienda los derechos de la población han llevado a un estado de
inflexión que demanda cambios y transformaciones”.
La
existencia en el país de una población carente de cobertura de protección
social genera pobreza e inseguridad y ensancha las inequidades sociales.
Actualmente un 30% de la población dominicana está excluida de la seguridad
social en salud, siendo los trabajadores informales los más afectados.
Igualmente las estadísticas indican que en el futuro el 52% de los actuales
cotizantes, cuando lleguen a la edad de 60 años no alcanzarán las 360
cotizaciones que el sistema requiere para otorgarles una pensión.
En afirmaciones realizadas por parte de las
organizaciones integradas en la Alianza por el derecho a la Salud que
estuvieron presentes en el análisis de coyuntura, comentaban que urge asegurar
que la normativa de la seguridad social este acorde con las garantías prescritas
en la Constitución Dominicana con relación al derecho a la salud y a la
seguridad social que corresponde a todos y cada uno de los dominicanos y
dominicanas.
Por
este motivo, en palabras del vocero del Centro Bonó, se insistió en la idea de
que al Estado dominicano le corresponde la misión de garantizar un escenario
político y social que viabilice las reformas necesarias para la protección
social de todos sus ciudadanos y ciudadanas, ya que la protección social es
determinante en las estrategias de inclusión y el desarrollo humano de un país.
Para conseguir este objetivo es necesaria una reforma de la ley 87-01 que
permita crear mejores condiciones para ampliar la cobertura de afiliación,
sobre todo a la población más vulnerable, y al mismo tiempo corregir las fallas
institucionales que arrastra un modelo de la década de los noventa que se ha
quedado obsoleto y a todas luces es insuficiente.
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