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| Jean Alain Rodríguez cuando hablaba ante funcionarios y empresarios suizos en un hotel de la capitalFuente |
SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró que la República Dominicana cuenta con un marco regulatorio contra el lavado de activos, moderno y acorde con la naturaleza y sofisticación del crimen organizado actual, el cual dijo, están aplicando de la manera más efectiva y eficiente posible.
Rodríguez habló del tema durante su exposición en un evento de la Cámara de Comercio y Turismo Domínico Suiza (CCTDS) y la Embajada de Suiza en República Dominicana, que reunió por séptima ocasión a un grupo de expertos, académicos, empresarios, investigadores y altos ejecutivos para analizar la situación de la economía del país, bajo el título “Think Economics: Radiografía de la Economía Dominicana.
Dijo que la nueva Ley No. 155-17, promulgada en el mes de mayo del pasado año, presenta una serie de novedades y disposiciones, en especial en materia de persecución penal y control de la criminalidad, de vital importancia para el Ministerio Público.
“La nueva ley amplía las infracciones precedentes o determinantes de ese delito, es decir, aquellas infracciones que generan bienes o activos ilícitos a los cuales se les da posterior apariencia legítima a través del lavado de activos, agregando nuevas infracciones como el testaferrato, el soborno transnacional, el enriquecimiento injustificado, el delito tributario, los delitos financieros y el sicariato, por lo que cualquiera de esas infracciones puede dar origen a una investigación por lavado de activos por parte del Ministerio Público”, informó.
A la actividad asistieron los principales funcionarios y empresarios suizos que viven en el país
“En el caso del lavado de activos hablamos de penas que llegan a los 20 años, multas de hasta 400 salarios mínimos, decomiso de todos los bienes producto del ilícito cometido y la inhabilitación temporal, y en algunos casos permanente, para desempeñar funciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores y entidades públicas”, manifestó.
En su exposición, el jefe del Ministerio Público, dijo que las infracciones penales asociadas al lavado de activos, tales como el incumplimiento intencional por parte de empleados, ejecutivos, funcionarios o representantes de las obligaciones de información o reporte previstas en la ley, la revelación a clientes, proveedores, usuarios o terceros no autorizados de los reportes de operaciones sospechosas, entre otras, conllevan infracciones de hasta 600 salarios mínimos, la inhabilitación en las funciones y el decomiso de los bienes.
Jean Alain Rodríguez dijo que igual sanciones conlleva para las personas físicas o jurídicas que cedan sus nombres para adquirir activos o bienes procedentes de una infracción grave.
Resaltó que la República Dominicana ha formado parte de diversos cuerpos regionales asociados al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental que promueve a nivel internacional la aplicación de medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir las amenazas contra la integridad del sistema financiero global, relacionadas específicamente al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Precisó en ese orden, que desde el 2016 la Procuraduría General de la República estuvo enfocada en superar con éxito el proceso de evaluación-país que les estaba realizando el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica, el cual culminó en septiembre de este año con resultados muy satisfactorios.
Jean Rodríguez manifestó que los cambios en los estándares internacionales a través de la revisión de las 40 recomendaciones de GAFI resultaron en el reconocimiento de la utilidad del sistema antilavado de activos para combatir la corrupción.
En ese sentido, dijo que la Ley No. 155-17 también contempla disposiciones que impactan de manera positiva y directa la lucha contra la corrupción y la impunidad, ya que intensifica los controles en materia de Personas Expuestas Políticamente (PEP), al considerar esta condición como un factor de alto riesgo, por lo cual ordena un escrutinio mayor de las transacciones realizadas por estas personas, sus familiares, allegados y cualquiera que realice operaciones en su nombre.
“Todo ello para que los negocios, inversiones y actividades económicas estén protegidos por un Ministerio Público cada vez más moderno y fortalecido, con todas las herramientas necesarias para seguir enfrentando con fuerza la delincuencia organizada vinculada al lavado de activos”, proclamó el magistrado Rodríguez.
En el evento, participación más de 200 personalidades, y fueron realizados varios paneles sobre la Ley No. 155-17, que persigue promover los negocios seguros y garantizar el crecimiento y competitividad de la nación.
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