Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader, a través del decreto 282-23, priorizó la emisión del pasaporte de lectura electrónica (pasaporte electrónico) en República Dominicana.
El presidente Abinader dispuso de las herramientas legales necesarias para autorizar a la Dirección General de Pasaportes al uso de mecanismos ágiles y abreviados para la emisión del pasaporte le lectura electrónica en la República Dominicana.
El jefe del Poder Ejecutivo, a través del decreto, resalta que en su informe de evaluación, la OACI recomienda a la Dirección General de Pasaportes expedir la libreta de lectura electrónica, con el propósito de mejorar la seguridad en este documento de viaje, su expedición, el manejo de la identidad y el informe de la emisión de evaluación técnica para República Dominicana.
El pasaporte de lectura electrónica, implementado por más de 110 países, es más confiable y seguro, de fácil mantenimiento y reemplazo que el actual que es de lectura mecánica, con tecnología difícil de copiar debido al circuito electrónico de seguridad encriptado que tiene integrado, así como a los elementos biométricos para autenticar la identidad y ciudadanía del viajero.
En virtud de ello, el gobierno considera que debe proceder de forma prioritaria a su emisión.
Igualmente se puso de relieve en el decreto emitido este martes, que el circuito electrónico encriptado que compone el pasaporte de lectura electrónica, junto a otras de sus características, dificulta su manipulación fraudulenta, evitando ocultar la identidad de personas vinculadas a actividades ilícitas relacionadas al crimen organizado transnacional o al terrorismo.
El decreto es reiterativo en que los procedimientos de contratación correspondientes, deberán realizarse acorde con las disposiciones de la Constitución de la República y la normativa vigente en la materia de contrataciones públicas.
Del mismo modo se dispone que la Dirección General de Pasaportes deberá gestionar los procedimientos correspondientes a través del Portal Transaccional administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, que cuenta con un circuito diferenciado para estos procesos.
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