Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), pidió la urgente intervención del presidente Luis Abinader, para que detenga el festival maratónico de contratos de alquileres multimillonarios de bienes muebles e inmuebles, que, de manera irracional, desproporcionada y violentando la Constitución vienen realizando desde hace años funcionarios públicos.
Máximo Calzado Reyes, vice presidente ejecutivo de Justicia y Transparencia, advirtió que el alquiler se ha extendido y profundizado en la actual gestión de gobierno, gastando decenas de miles y miles de millones de pesos, en perjuicio del patrimonio público.
Calzado Reyes, advirtió que los contratos de alquileres u otros que superen los 200 salarios mínimos del sector público, para enajenar o afectar las rentas nacionales, sobre un bien o recursos públicos, como control incluso para el presidente de la República, deberá ser refrendado y aprobado por el Congreso Nacional, de donde se colige la inconstitucionalidad e ilegalidad de los contratos.
Expresó que el artículo 128 de la Constitución, numeral dos, establece que en su condición de jefe de Gobierno tiene la facultad de celebrar contratos, sometiéndolos a la aprobación del Congreso Nacional cuando contengan disposiciones relativas a la afectación de las rentas nacionales, a la enajenación de bienes del Estado, al levantamiento de empréstitos o cuando estipulen exenciones de impuestos en general, de acuerdo con la Constitución. El monto máximo para que dichos contratos y exenciones puedan ser suscritos por el presidente de la República sin aprobación congresual, será de 200 salarios mínimos del sector público”.
Calzado Reyes, condenó la práctica extendida de este y otros gobiernos, con alquileres exorbitantes por periodos de constitucionales y fuera de la planificación ordinaria anual del Presupuesto General del Estado.
Calificó como una modalidad perversa de los funcionarios que hacen los alquileres, de drenar las arcas públicas.
“Desvelado su alcance con los escándalos de la OGTIC, hoy lamentablemente, como la punta del Iceberg, seguido por el caso de la Dirección General de Pasaportes, Ministerio de Industria y Comercio, la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), INTRANT, las EDES, la ONDA, INDOTEL entre otros tantos y un largo etcétera”, manifestó el ejecutivo de la FIJ.
La organización sin fines de lucro, rechazó las justificaciones y la narrativa que se quiere construir en algunos medios de comunicación, vendiendo estos alquileres como la panacea, cuando en realidad se trata de malversación de los recursos del Estado.AL
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